Participación ciudadana en Venezuela

Latinoamérica y Venezuela específicamente necesitan hoy nuevas formas y estrategias de comunicación social. Propuestas y métodos nuevos para una comunicación, promotora de mejores niveles de participación y movilización ciudadana. Es objeto de un profundo debate en Venezuela el definir cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática y sus estrechos vínculos con el ejercicio ético de la profesión del comunicador social y el respeto al derecho a la información del ciudadano.

De acuerdo con la tesis de Bretón (1998) los medios de comunicación podrían rescatar su función de mediación que han perdido a favor de una función de interposición. Un primer paso para lograrlo es fortalecer su función informativa en respuesta a las demandas ciudadanas y ser responsables por el desarrollo de una cultura política democrática. Esta función primaria de los medios se ha visto disminuida en Venezuela en la difícil coyuntura social y política que hemos vivido en los inicios de este nuevo milenio.

Los medios han sido y siguen siendo los voceros principales de estos sectores, con la excusa de defender la libertad de expresión. En realidad lo que han hecho con eficiencia es defender la libertad de empresa de esos grupos económicos y el discurso de la dirigencia política que apoya esos mismos intereses.

Esa vocería se amparaba en una vetusta reglamentación que databa del año 1941, cuando todavía no se había creado la televisión en Venezuela. Esa reglamentación se violaba descaradamente frente a un Estado cómplice y a una desguarnecida y desprevenida ciudadanía.

La participación ciudadana como institución que permite la hipotética toma de decisiones por parte del grupo gobernado en las decisiones de los gobernantes o grupo minoritario para gobernar ha sido como concepto político uno de los mas manipulados esgrimidos argumentados y vendidos en toda la historia geopolítica y estadal del mundo sus orígenes se remiten al concepto de ciudadano o “cives” lo cual nos remite necesariamente al concepto de ciudadano manejado en o desde los orígenes de la “ la “polis” griega en la cual se manejaban los conceptos de integración de la población a objeto no solo de la llamada “autarquía” entendida como capacidad de supervivencia ante los enemigos y capacidad de autoabastecimiento alimentario, sin embargo de la misma época y bajo el mismo sistema de gobierno ideado como “polis” elemento integrador socialmente hablándose sucedieron una a otra formulas de gobierno que iban desde el publico desprecio por la “oclocracia” o gobierno de los ignorantes hasta los honores rendidos a la plutocracia o gobierno de los oligarcas y sabios; en tal sentido, ya desde sus orígenes y entendiendo que el concepto de democracia devino como la mas perfectible de las formas de gobierno desde sus primeros esbozos griegos hasta nuestros días y siendo desde entonces vanagloriada como la forma de gobierno que permite el mayor grado de participaron ciudadana de todas las creadas desde entonces.

Este breve recorrido por la civilidad y la progenie de las primeras formas de gobiernos excluyendo de un plumazo a la monarquía y a la dictadura ya que consideramos mutuamente excluyentes a la participación ciudadana con dichas formas de gobiernos autárquicos, nos lleva a establecer una frontera entre la ciudadanía o titulo que se otorga a un habitante de una división política o social de un estado llamada ciudad con el uso y goce de los derechos inherentes a la titularidad así como el conjunto de deberes y obligaciones que se derivan también de la adquisición plena de dicha condición tales como mayoría de edad, nacimiento en el territorio o de padres nacidos en el mismo, etc. Que difiere neta y fundamentalmente de las formas de gobiernos que son en principio un conjunto de prerrogativas acciones, políticas y leyes; que se van a aplicar por parte de un grupo de ciudadanos que por obra y gracia de la única participación efectiva y efectista desde el inicio de las formas de gobiernos de elección ha sido valida, lo cual no es otra cosa que el voto; se erige como gobernantes minoritarios en números de un grupo mayoritarios de ciudadanos que los eligen como autoridades. La participación

ciudadana durante todo el curso del siglo XX se limitó al ejercicio del voto de elección, no a la participación real y efectiva de las políticas gubernamentales ni en su instrumentación ni en su planificación instrumentación y ejecución; es decir, como dice el “filosofo Facundo Coral” la diferencia entre el valor de un ser humano y un ciudadano es exactamente…. Un voto. Instaurado el grupo gobernante en el pináculo del poder transitaba por un camino mas o menos libre de oposición mayoritaria y efectiva ya que quien se oponía a las políticas gubernamentales eran y aun lo son otros grupos minoritarios que en el devenir histórico de la lucha partidista habían obtenido un favor menos copiosos de los votantes.

El desarrollo del Estado, del derecho constitucional, y del Estado de derecho como conglomerado de preceptos normas y formulas a veces expresadas en las constitución o ley de leyes de un país y desarrolladas en un cuerpo de leyes y reglamentos que pretenden uniformar el comportamiento de un inmenso numero de desiguales en condiciones políticas estructurales de clase de segmentos de edades y de niveles tanto en lo educativo político, social, y cultural; constituyó la manera fundamental en que la entelequia llamado Estado pretendió tanto en las formas de gobierno superadas en la mayoría de los países como la monarquía y la dictadura sustituir al hecho del “príncipe” la “voluntad monárquica” o la voz de Dios como simple expresión de la univoca voluntad del autócrata de turno cambiándolo entonces por grupos que adornados con el ropaje de la voluntad popular o la voluntad mayoritaria pasaron a ejercer el heredado poder a través de instituciones hipotéticamente separadas como la capacidad para hacer leyes delegada en el poder legislativo la capacidad para aplicar las leyes y las sanciones a quienes no las cumplan delegadas en el poder judicial y el ejercicio de las funciones del gobierno y administración del Estado, derivadas en el “Todopoderoso Poder Ejecutivo” esta nueva reestructuración de las formas de gobierno dividió en poderes e instituciones que la ejercen producto sobre todo de las luchas populares comandadas por la clase burguesa durante la revolución francesa en aquel momento se interpretó como un cambio estructural que iba a permitir que la ciudadanía impusiese a través de su influencia mayoritaria al representante cuya oferta estuviese mas de acuerdo con los intereses de esa masa cuyo unico poder era ser mas populoso. Así las cosas, indudablemente que si algo le debe el siglo XX a esa confusa masa de acontecimientos que permitieron la creación del Estado y con el las primeras bases institucionales para la

participación de los ciudadanos al menos en el inicio y la colocación de un representante elegido por votación popular o representativa como lo sigue siendo en Estados Unidos fue precisamente el fin de la mayoría de las monarquías y el fin de la mayoría de los gobiernos de facto en el mundo.

En este orden de ideas podemos decir que los primeros atisbos de participación ciudadana a nivel mundial comienza a vislumbrarse en la medianía del siglo XIX y durante todo el siglo XX con la incorporación de las minorías y mayorías a algunos privilegios reservados antes solo a los privilegiados de casta y clase prestigio o abolengo, el voto de las mujeres, el voto de las razas afro americanas, las luchas libradas por el Ministro Martín Luther King en Norteamérica las enmiendas constitucionales a nivel mundial con las prohibiciones de discriminación por sexo política religión, credo, color de piel, se hacen sinónimo de modernización adelanto y progreso humano a veces mucho mas por moda o imitación de los Estados poderosos; se copian leyes decretos ordenanzas constituciones, que se trasladan sin distingo de diferencias sociales políticas ni geográficas de un lugar a otro del mundo por el simple hecho de que le parece al grupo gobernante, humano, bonito, progresista o de avanzada, o simplemente, porque las relaciones diplomáticas con las potencias que distribuyen el poder en el mundo y con las que el Estado receptor tiene muy buenas relaciones así lo exige como un principio de unificación legislativo impuesto por el poder de subordinante a subordinado no constituyese per se una dominación disimulada con una sonrisa. No obstante y sin embargo la sola colocación de principios consagrados en la Declaración Universal de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la mayoría de las constituciones estadales y del mundo constituyó una avance al menos en cuanto al reconocimiento de la existencia de dichos principios y como veremos mas adelante ineludiblemente del reconocimiento al ejercicio real y efectivo permitido por el gobierno de esos derechos y la necesaria creación de instituciones para su supervisión y vigilancia hay un trecho bastante largo e incumplido en la mayoría de las ocasiones; como dice el viejo adagio, a la ley hay que aplicarla sino se hace letra muerta y no solo basta con consagrar el principio también hay que establecer los mecanismo de su ejercicio, tanto gobiernos democráticos, socialistas, autocráticos y populares han consagrados estos derechos de participación, pero no son lo más los que han consolidado su practica efectiva con respecto a la ciudadanía.

De la participación ciudadana y sus órdenes podemos decir que a un conglomerado social habitante de un país y pleno en sus facultades y obligaciones civiles debería tener derecho no solo a el ejercicio de lo consagrado sino a las instituciones que lo garanticen

EL CASO VENEZOLANO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN

En principio se expresa en dos poderes adicionales que incorporamos a los poderes clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. En Venezuela están además el poder ciudadano y el poder electoral, adicionalmente el poder ciudadano se inspira fundamentalmente en el Congreso de Angostura de 1819. En esta oportunidad Bolívar propone la creación de un poder que él llamó Poder Moral, este poder moral del Libertador estaba inspirado fundamentalmente en el Areópago griego y con alguna influencia de la Cámara de los Loores inglesa, y tenía como objetivo fundamental velar por la ética pública, por la ética administrativa, por las virtudes ciudadanas, por la identidad con la patria y establecer una especie de sistema en el cual se creara la ciudadanía, se desarrollara la misma como concepto cívico fundamental. En el Congreso de Angostura ese poder no se incorpora a la Constitución, esa Constitución es la

Constitución de Colombia la Grande, ( La Gran Colombia) en donde planteaba la fusión de Venezuela con la Nueva Granada, haciendo una sola Nación.

Los diputados de aquel momento del Congreso de Angostura señalan que este poder moral es una idea demasiada avanzada para ese momento y lo coloca sin aprobarlo en un capítulo final en donde se señala que: "habrá otros tiempos en los cuales ese poder pueda tener vigencia". En la Constitución de 1999, aparece un poco la aspiración de los diputados de ese Congreso de Angostura, pero prefirieron llamarlo Poder Ciudadano, para que los adversarios del proceso nuestro no fueran a entender que querían meterse dentro de la vida interior de los ciudadanos y regir su destino interior a través de una norma jurídica o de una norma constitucional. Se le dio el nombre de Poder Ciudadano y allí están expresados, los poderes de control de la democracia, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público y el Contralor General de la República. Cada una de estas instituciones tiene autonomía financiera, autonomía administrativa, tiene independencia del resto de los demás poderes, independencia entre sí. Pero cuando se reúnen los tres, crean una figura que se llama "Consejo Moral Republicano" que es lo que expresa el poder ciudadano o el poder moral al cual se refirió el Libertador en esa Constitución de 1819. Y luego tenemos otro poder, el Poder Electoral. El Poder Electoral recoge fundamentalmente la idea de los censores que estableció el Libertador en 1826, en la Constitución de Bolivia, ese Poder Electoral tiene una gran significación debido a que la Constitución es inminentemente participativa, la participación es un concepto con el cual ampliamos el concepto de la representatividad para efectos de que haya mucho mayor protagonismo de la sociedad civil en la gestión pública, en la gestión que pueda liderizar el Estado y en ese sentido es realmente fundamental porque tenemos un referéndum consultivo, un referéndum revocatorio, un referéndum aprobatorio y ante estos tres referéndum cualquier materia importante de interés nacional puede ser sometida a consulta de los ciudadanos y hay un proceso electoral que se sustancia a través del Consejo Nacional Electoral que es la cabeza visible del poder electoral, pero están también los referéndum revocatorio que al Presidente de la República, los diputados, los gobernadores, los alcaldes se les puedan revocar el mandato transcurridos por lo menos la mitad de su ejercicio,

mediante una solicitud del 20% de los electores inscritos y mediante una votación que sea por lo menos igual o mayor del número de votos con los cuales se le eligió. Ese es el referéndum revocatorio.

Sin embargo, como lo hemos hecho a lo largo de todo el ensayo insistimos en que si bien en nuestra constitución se encuentran establecidas las vías de participación y aun las instituciones que lo supervisan y lo protegen el ejercicio efectivo de dicha participación se ha visto limitado perturbado y ocluido por los vaivenes del devenir político y los intereses particulares de aquellos a quienes toca aplicar la ley al pie de la letra el constituyente con la visión clara de la participación que pretendía posibilitar estableció la forma, los cargos cualitativa y cuantitativamente sobre como debían elegirse los representantes que finalmente serian establecidos como jefes de ese poder ciudadano, constitucionalmente deberían haberse conformado por tres comités de postulaciones el comité electoral, el comité judicial, y el comité de evaluación de postulaciones, todo en aras de dar una mayor participación a la ciudadanía y evitar las facultades excesivas de las cúpulas partidistas cualquiera fuese su color o medida de poder político. Se habló de que sectores organizados representantes de diversos sectores de la sociedad y a través de un claro proceso de preselección que inclusive prevé una segunda vuelta ante la Asamblea Nacional la cual hará la selección definitiva de los representantes al poder ciudadano, si esto hubiese sido así en la practica podríamos hablar de una verdadera democracia participativa, obviemos de momento el protagónica y hubiésemos excluido el viejo modelo representativo partidista de la constitución del 61.

LA REALIDAD

La constitución venezolana de 1999 contempla diversas modalidades de participación moral y ciudadana, establece además las formas de control y ejercicio de dicha participación, si la misma no se ha realizado en los términos legales y prácticos que la constitución prescribe no se debe a su inexistencia sino a la practica política que ha respondido a los intereses particulares del gobierno de turno y no a los intereses mayoritarios de la ciudadanía activa, con

el argumento de que en la actualidad no existen leyes ( que en este momento producen por igual el poder ejecutivo y el Poder Legislativo) referidas al poder Judicial, ciudadano y Electoral, el oficialismo le otorga a la Asamblea Nacional la potestad de elegir a los titulares de los tres poderes – Judicial, Ciudadano y Electoral- mediante los mecanismo que ella misma cree ( hecho no derecho) para terminar con la transitoriedad de la extinta Asamblea Nacional Constituyente ANC; lo cual constituye una violación flagrante de la constitución ya que la disposición transitoria cuarta inciso 5 le establece a la Asamblea Nacional la obligación de sancionar en el lapso de un año contado a partir de su instalación la legislación referida al poder Judicial, Ciudadano y Electoral, si ha ello añadimos que el Tribunal Supremo de Justicia excluye de la definición de la Sociedad Civil, como si fuera divisible a las organizaciones religiosas y a las ONG que reciban o hayan recibido financiamiento internacional, lo cual excluye por ejemplo de la sociedad civil a la madre Teresa de Calcuta si esto fuera Calcuta ennegrece aun mas el panorama es decir tenemos una asamblea nacional que cuando estaba constiutuida por miembros de múltiples partidos políticos tardo cinco años en no hacer las leyes que rigieran los basamentos de los poderes e constituciones que permitirían el desarrollo efectivo de la participación ciudadana consagrada en la constitución y una misma asamblea nacional luego conformada en un folclórico acto por componentes de una misma tolda política que ya tiene algo mas de tres años de deuda con la propia constitución en producir las leyes mencionadas, agregando aun mas a ello, en esto mismo periodo se ha autorizado al Ejecutivo para hacer leyes habilitantes que pudieran en un tiempo hipotéticamente mas corto haber producido las leyes que permitiesen una participación ciudadana con la que ya se tiene una deuda en el país de mas de diez años.

Indudablemente que no todo es malo, no se puede negar que el Estado ha creado mecanismo de inclusión de amplios sectores de la población antes excluidos de sistemas esenciales de supervivencia como medicina, y salubridad, educación, y de más, que sin embargo dependen mucho mas del buen hacer del gobernante y sus delegados mas que de la autogestión ciudadana.

Los frutos del movimiento cooperativista multitudinario intento de incluir a grandes sectores de la población en un modelo integrador al contexto socio productivo ha aperturado para la participación en la proveeduría y realización de bienes de los cuales el principal cliente ha sido el propio Estado que inclusive por ley ha dado preferencia y preeminencia a dichas instituciones como proveedores del Estado lo cual sin duda constituye un avance real en cuanto al traslado de poder organizacional al pueblo y al ciudadano, sin embargo tanto esta experiencia, como la de los consejos comunales se han encontrado ya no del lado del estado sino del lado de los particulares con dos males endémicos de idiosincrasia venezolana y a los cuales hay que hacer referencia ineludiblemente al hablar de participación ciudadana; la apatía, y la desorganización.